Empecemos por reconocer los derechos de las personas trans

¿Qué nos hace diferentes? ¿Qué nos hace iguales? Uno de nosotros se sentía cómodo con la identidad que corresponde al sexo con el que nació. El otro, no sentía coherencia entre su sexo asignado y el género que le fue impuesto, pero hoy está completamente orgulloso de ser trans.

Por Tristán López y Luis Barrueto.

Uno de nosotros es periodista; el otro filósofo. Uno es ateo, fanático de la buena ortografía y la puntualidad, no tolera a la gente que vulnera su espacio personal y es aficionado al cine. El otro es vegano, amante de la música, las formas de vida fungi y los videojuegos. Cree que es casi imposible ser puntual en esta ciudad. Ambos somos ávidos lectores.

Todos estos aspectos aportan elementos a nuestra identidad personal. Y en buena medida nadie juzga –más allá de lo superficial– nuestra elección, nuestro comportamiento y nuestros proyectos de vida. ¿Quién podría realmente decir que los perros son mejores a los gatos? ¿O que la elección de guardarropa de una persona es inferior a la de otra?

Incluso en cosas más trascendentales, como las creencias religiosas, la opción o no de formar una familia, y qué profesión seguir, son elecciones personales y lo que otros puedan pensar de ellas es accidental. Pero hay un aspecto fundamental en que nuestras identidades no fueron construidas con el mismo grado de libertad y reconocimiento por parte de la sociedad. Se trata de la identidad de género.

La identidad de género es la forma en la que internamente vivimos y sentimos nuestro género, y le damos un significado que excede y trasciende lo sexual, y que puede corresponderse o no con el sexo asignado al momento del nacimiento.

Volviendo a nuestra historia: Uno de nosotros tuvo la fortuna de sentirse cómodo con la identidad que, en lo general, corresponde con su sexo biológico. El otro no sentía coherencia entre su sexo asignado y el género que le fue impuesto, pero hoy está completamente orgulloso de ser trans, a pesar que la sociedad no considera que esta circunstancia sea afortunada.

Esta diferencia es crucial. En nuestra sociedad, las actitudes de rechazo y discriminación sobre la base de la identidad de género están tan arraigadas, que a menudo las personas trans son sujetas a violaciones flagrantes de sus derechos humanos.

La situación aquí

En el país, existen más de 15 mil personas trans. Y es precisamente su identidad de género que les coloca en una situación de exclusión que inicia con el rechazo en el seno familiar, a menudo resultante en la expulsión del hogar. Esta situación se agrava con la exclusión del sistema educativo y de salud, que les hace particularmente vulnerables y a menudo trunca sus posibilidades de desarrollo personal.

La posibilidad de acceder a un empleo digno es también sumamente reducida, y aún ante esta desventaja sistemática, las personas trans carecen también del acceso a la justicia –una cultura del silencio se suma a la ausencia de un enfoque diferenciado para abordar sus casos y circunstancias particulares.

La oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), por ejemplo, registró el asesinato de 11 mujeres trans el año pasado, pero como denunció el Alto Comisionado Zeid Ra’ad Hussein en su visita reciente al país, el Estado sigue documentando sus casos como la muerte de hombres: “Se les niega su identidad incluso tras su muerte”.

Ley de identidad de género: Un primer paso

Imaginemos todas las situaciones en las que se nos pide nuestro nombre: cuando enseñamos nuestro DPI, licencia de conducir, un carnet estudiantil, una tarjeta de crédito, etcétera. Los posibles escenarios van desde comprar un helado hasta acceder a un préstamo, una institución educativa o un trabajo.

Ahora imaginemos que cada uno de esos eventos es de potencial ­–y en muchos casos real–discriminación hacia las personas trans. Y es que es nuestra identidad con la que nos entendemos en sociedad y es nuestra identidad jurídica con la que se nos admite –o no– en un aparato legal-estatal. Las pocas estadísticas sobre las personas trans muestra indicadores alarmantes y la mayoría de estas carencias pasan por la falta anterior.
En este contexto, es importante que el Estado de Guatemala reconozca que ha fallado incluso en reconocer los derechos más básicos de las personas trans –a la integridad personal, a la intimidad, al nombre, y al libre desarrollo de la personalidad– y que empiece a enmendar la plana.

Es por eso que las organizaciones sociales trans presentaron una iniciativa de Ley de Identidad de Género, que debe aprobarse para reconocer a las personas trans como sujetos de derecho, respetando su capacidad de autodeterminación y reconociendo como válida su experiencia de vida. También se acerca al cumplimiento de los compromisos internacionales que el Estado ha asumido y que ha incumplido en los últimos años.

Reconocer la identidad de género, sabemos, es una demanda necesaria para garantizar que las personas trans cuenten con plenos derechos en igualdad de condiciones. En la discusión de este proyecto de ley, estamos seguros, habrá muchos que lo denuncien y se opongan, pero la demanda es todo excepto radical: es un llamado a que los derechos de todos sean reconocidos en igualdad de condiciones, y a remediar una de múltiples condiciones que han resultado en la exclusión de un número importante de personas.

También es un paso insuficiente. Tenemos que empezar a cuestionar nuestras ideas establecidas sobre el sexo, el género y la forma en que expresamos y experimentamos esos aspectos en nuestras vidas. La ley abriría esa posibilidad, y sería apenas un inicio hacia reconocer que la igualdad y aceptación de las personas trans es también vital para el resto de personas. En una democracia, todos deben gozar de iguales derechos, y no se debe dejar a nadie atrás.

 

Esta columna fue publicada originalmente el 24 de noviembre de 2017 en Nómada.

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